La organización internacional advierte que grupos conservadores, élites económicas y fundamentalismos religiosos están articulando una ofensiva regional contra la educación sexual, el aborto legal, las políticas de igualdad y los derechos de las diversidades sexuales y de género.
Buenos Aires, Argentina, mayo de 2026. América Latina atraviesa una nueva disputa por el sentido de la democracia. No se trata únicamente de elecciones, partidos o gobiernos: la batalla también ocurre en las escuelas, los congresos, los medios de comunicación, las iglesias, las redes sociales y los cuerpos de quienes históricamente han sido colocadxs en los márgenes.
Durante el festival Futuro Imperfecto Vol. 3, realizado del 12 al 15 de mayo en Buenos Aires por Revista Anfibia, Oxfam presentó el estudio “Libertades en riesgo: ¿quién gana y quién pierde? Grupos antiderechos y desigualdades en América Latina y el Caribe”, una investigación que advierte sobre el avance coordinado de una ola reaccionaria contra mujeres, personas LGBTIQ+, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y movimientos de derechos humanos.
De acuerdo con Oxfam, esta ofensiva no surge de manera espontánea ni aislada. La organización identifica alianzas entre élites económicas, sectores políticos conservadores y fundamentalismos religiosos, unidas por un mismo objetivo: restringir libertades, controlar narrativas públicas y preservar estructuras de poder y riqueza.
La advertencia es grave: los grupos antiderechos han aprendido a operar con lenguajes simples, emocionales y altamente virales. Presentan la igualdad de género como una amenaza, atacan la educación sexual integral bajo el argumento de “proteger a las infancias”, criminalizan al feminismo y convierten a las personas LGBTIQ+ en blanco de discursos de odio.
El informe coloca el problema en un contexto más amplio: América Latina y el Caribe siguen siendo una de las regiones más desiguales del planeta. Según Oxfam, el 1% más rico concentra 55 veces más riqueza que el 50% más pobre. Además, la pobreza afecta con mayor fuerza a mujeres jóvenes, rurales, afrodescendientes y de pueblos originarios.
La desigualdad económica, advierte la organización, se convierte en terreno fértil para el autoritarismo. Cuando el Estado se retira, cuando se recortan programas sociales, cuando se desfinancia la salud sexual y reproductiva o se debilitan políticas de igualdad, quienes pagan el costo son las personas con menos redes de protección: mujeres precarizadas, personas trans, juventudes LGBTIQ+, comunidades indígenas, personas migrantes y poblaciones racializadas.
Oxfam señala que en la región 160 millones de personas viven en pobreza y 63 millones en pobreza extrema, mientras millones de mujeres siguen sin acceso efectivo a derechos básicos. Cada año, alrededor de 10 millones de mujeres no logran cubrir sus necesidades de anticoncepción y 3.6 millones recurren a abortos inseguros, según datos retomados por la organización.
La ofensiva antiderechos se expresa en campañas contra el aborto legal, contra la educación sexual integral, contra las políticas de igualdad de género y contra el reconocimiento jurídico y social de las personas LGBTIQ+. No es casualidad: controlar la autonomía corporal ha sido históricamente una forma de controlar la participación política, económica y social de las personas.
Uno de los puntos más delicados del informe es el papel de las narrativas. Oxfam advierte que estos grupos no solo actúan desde partidos políticos o púlpitos religiosos; también disputan el lenguaje. Usan conceptos como “familia tradicional”, “orden natural” o “ideología de género” para fabricar miedo, desinformación y rechazo social.
En términos políticos, esto se traduce en un cierre del espacio cívico. Es decir, menos condiciones para que organizaciones feministas, LGBTIQ+, indígenas, afrodescendientes y de derechos humanos puedan organizarse, exigir justicia o influir en políticas públicas. La democracia, en ese escenario, deja de ser una promesa de participación y se convierte en una estructura cada vez más hostil para quienes defienden derechos.
El documento también vincula esta ofensiva con un modelo económico que concentra riqueza y reproduce desigualdades. En la región, el 27% de las mujeres carece de ingresos propios y más del 50% trabaja sin acceso a seguridad social, lo que profundiza ciclos de dependencia, precariedad y exclusión.
La dimensión LGBTIQ+ es central. Oxfam Internacional ha advertido que, entre 2021 y 2022, solo tres grupos contrarios a los derechos LGBTIQIA+ reunieron más financiamiento que el recibido por más de 8,000 organizaciones que defienden derechos de esta población en el mundo. Este dato muestra una asimetría brutal: mientras los movimientos de derechos humanos trabajan con pocos recursos, las redes antiderechos operan con financiamiento, estrategia y capacidad de incidencia global.
El caso de Argentina aparece como uno de los ejemplos regionales de mayor preocupación, debido a la reducción o eliminación de programas vinculados con igualdad de género, salud sexual y reproductiva tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia en diciembre de 2023, según lo retomado por Oxfam en la presentación del informe.
Sin embargo, la alerta no se limita a un solo país. Oxfam sostiene que los grupos antiderechos operan de manera transnacional: lo que ocurre en Argentina conversa con lo que pasa en El Salvador, México, Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú o Chile. Las estrategias se repiten: atacar derechos, desacreditar a defensoras, instalar pánico moral y prometer “orden” a costa de libertades.
Frente a este panorama, la respuesta no puede ser solo defensiva. La organización llama a fortalecer alianzas entre movimientos feministas, LGBTIQ+, comunitarios, indígenas, afrodescendientes, ambientales y de derechos humanos. También plantea disputar las narrativas públicas con mensajes capaces de conectar con la vida cotidiana de las mayorías: hablar de derechos no como privilegios, sino como condiciones mínimas para vivir con dignidad.
La advertencia de Oxfam llega en un momento crucial. En América Latina, los discursos de odio ya no son marginales: circulan en campañas electorales, programas de televisión, cuentas de influencers, iglesias, congresos y plataformas digitales. Su impacto no se queda en la pantalla. Se traduce en leyes regresivas, recortes presupuestales, persecución contra activistas, violencia simbólica y agresiones directas contra cuerpos históricamente vulnerados.
La disputa por los derechos de mujeres y personas LGBTIQ+ es también una disputa por el futuro democrático de la región. Donde se criminaliza la diferencia, se debilita la democracia. Donde se persigue a quienes defienden derechos, se abre paso al autoritarismo. Y donde se niega la autonomía de los cuerpos, se impone una política del miedo.
La conclusión es clara: América Latina no enfrenta únicamente una crisis económica o institucional. Enfrenta una ofensiva organizada contra la igualdad. Y la respuesta tendrá que ser igual de organizada, colectiva y profundamente humana.
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