Organizaciones defensoras advierten que el límite de un año para presentar determinadas solicitudes de refugio podría perjudicar especialmente a personas que reconocen, expresan o revelan su orientación sexual o identidad de género después de llegar al país.
Canadá enfrenta cuestionamientos por el impacto que su nueva legislación migratoria y fronteriza podría tener sobre personas refugiadas LGBTIQ+ que buscan protección después de haber vivido persecución, violencia o criminalización en sus países de origen.
La preocupación se concentra en la Ley C-12, denominada Strengthening Canada’s Immigration System and Borders Act, que recibió aprobación real el 26 de marzo de 2026. La legislación incorpora nuevas causas de inadmisibilidad para determinadas solicitudes de protección presentadas dentro de Canadá.
Una de sus disposiciones establece que las solicitudes presentadas más de un año después del primer ingreso de la persona al país no serán remitidas a la División de Protección de Refugiados de la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá, conocida como IRB por sus siglas en inglés.
La medida alcanza las solicitudes presentadas desde el 3 de junio de 2025 y puede tomar como referencia los primeros ingresos a Canadá realizados después del 24 de junio de 2020, incluso si la persona salió del país y posteriormente regresó.
Un plazo que no considera el proceso de reconocimiento
Rainbow Railroad, organización canadiense que ayuda a personas LGBTIQ+ perseguidas a encontrar protección internacional, advirtió que el límite de un año no contempla las circunstancias particulares que enfrentan quienes escapan de la violencia relacionada con su orientación sexual, identidad o expresión de género.
Una persona puede llegar a Canadá como estudiante, trabajadora temporal o visitante sin considerar inicialmente la posibilidad de solicitar refugio. Su situación puede cambiar después de vivir abiertamente, iniciar una transición de género, establecer una relación o revelar su identidad ante familiares y comunidades en su país de origen.
En otros casos, fotografías, publicaciones en redes sociales o información sobre su vida en Canadá pueden llegar posteriormente a personas que representan una amenaza. Es en ese momento cuando el riesgo de regresar puede hacerse evidente.
Devon Matthews, directora de programas de Rainbow Railroad, señaló a The Canadian Press que la regla funciona como un requisito técnico que no permite valorar plenamente las razones por las que una persona pudo haber esperado antes de presentar su solicitud.
Cerca de 19 mil solicitudes podrían quedar fuera
Los datos proporcionados por el Gobierno canadiense dimensionan el alcance de la reforma. La ministra de Inmigración, Lena Diab, informó ante un comité del Senado que aproximadamente el 37% de las solicitudes de refugio presentadas entre el 3 de junio y el 31 de octubre de 2025 podrían ser consideradas inadmisibles bajo la regla del primer año.
La proporción representa alrededor de 19 mil expedientes en un periodo de apenas cinco meses.
El Gobierno argumenta que la disposición busca evitar que algunas personas utilicen el sistema de refugio para permanecer en Canadá después del vencimiento de sus visas o permisos temporales. Sin embargo, organizaciones y especialistas sostienen que una regla general puede terminar excluyendo casos legítimos y complejos.
La legislación también dispone que las solicitudes presentadas después de ciertos cruces irregulares por la frontera terrestre entre Canadá y Estados Unidos no sean enviadas al tribunal especializado.
¿Significa que las personas serán deportadas automáticamente?
La inadmisibilidad no significa necesariamente una deportación inmediata. Las personas afectadas todavía pueden solicitar una Evaluación de Riesgo Previa a la Expulsión, conocida como PRRA.
Este procedimiento analiza si la persona enfrentaría persecución, tortura, riesgo de muerte o tratos crueles al regresar a su país. Sin embargo, generalmente se desarrolla mediante documentos escritos y no garantiza una audiencia oral.
La diferencia es importante: la solicitud ya no sería examinada inicialmente por un tribunal especializado de la IRB, sino mediante una evaluación administrativa realizada por un oficial migratorio.
Abogadas y organizaciones defensoras consideran que este procedimiento ofrece menos garantías para casos LGBTIQ+, donde el testimonio personal, el trauma, la dificultad para conseguir pruebas y el temor a revelar información íntima pueden ser determinantes.
Varios casos de inadmisibilidad ya fueron llevados ante la Corte Federal. Entre los argumentos presentados se encuentran el derecho a una audiencia y las garantías constitucionales contra la discriminación. Se espera que los tribunales se pronuncien sobre la constitucionalidad de la regla.
Las solicitudes de ayuda alcanzan niveles históricos
La polémica ocurre mientras aumenta el número de personas LGBTIQ+ que buscan protección internacional.
Rainbow Railroad recibió más de 20 mil solicitudes de ayuda durante 2025, la cifra más alta registrada por la organización. Esto representó un incremento del 51% respecto de 2024, y la institución anticipa que la demanda podría continuar creciendo durante 2026.
Al mismo tiempo, Canadá redujo sus objetivos de reasentamiento. Datos oficiales muestran una disminución general del 14.6% en las metas para refugiados reasentados entre 2025 y 2027, en comparación con el plan anterior.
El recorte se concentra principalmente en el Programa de Patrocinio Privado de Refugiados, cuya meta acumulada pasó de 84,750 a 66,000 admisiones, una reducción del 22.1%. El programa mixto de referidos por oficinas de visas también sufrió una disminución del 60%, al pasar de 750 a 300 lugares previstos.
Las metas del Programa de Refugiados Asistidos por el Gobierno se mantuvieron en 45,750 admisiones durante el mismo periodo. Canadá sostiene que continuará cumpliendo sus compromisos relacionados con poblaciones vulnerables, incluidas las personas
refugiadas LGBTIQ+.
Una contradicción con el liderazgo internacional canadiense
Durante años, Canadá se ha presentado internacionalmente como un país seguro para las personas perseguidas por su orientación sexual o identidad de género. El Gobierno federal mantiene acuerdos con organizaciones como Rainbow Railroad y Rainbow Refugee Society para identificar, referir y patrocinar casos de personas LGBTIQ+ en situación de riesgo.
No obstante, las nuevas restricciones plantean una contradicción entre ese discurso internacional y el acceso efectivo a la protección dentro del territorio canadiense.
Para las organizaciones defensoras, el debate no consiste en eliminar los controles migratorios, sino en garantizar excepciones y procedimientos que consideren la realidad de quienes no pueden reconocer, expresar o demostrar su identidad dentro de un plazo fijo.
El centro de la discusión será determinar si Canadá puede reforzar el control de sus fronteras sin cerrar la puerta a personas cuya necesidad de protección solamente se vuelve visible después de haber iniciado una nueva vida en el país
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