En Estados Unidos, un discurso que durante años parecía confinado a los márgenes más extremos de internet ha vuelto a ganar visibilidad: la idea de derogar la Enmienda 19 de la Constitución, la disposición que desde 1920 reconoce el derecho de las mujeres al voto. En redes sociales circulan mensajes con frases como “Repeal the 19th Amendment” —“derogar la Enmienda 19”—, una consigna que ha encendido alertas entre activistas feministas, defensoras de derechos civiles y organizaciones que vigilan el avance de movimientos ultraconservadores. La publicación compartida en Instagram por Prensa Libre 2.0 advierte precisamente sobre esta tendencia digital que busca normalizar la exclusión política de las mujeres.
La Enmienda 19 fue aprobada por el Congreso estadounidense el 4 de junio de 1919 y ratificada el 18 de agosto de 1920. Su texto prohibió negar el derecho al voto por razón de sexo, después de décadas de lucha sufragista, marchas, organización comunitaria, cárcel y represión contra mujeres que exigían ser reconocidas como ciudadanas plenas.
Aunque la derogación de esta enmienda no parece viable jurídicamente en el corto plazo, el peligro no está solamente en la posibilidad legal inmediata, sino en la forma en que estas ideas regresan al debate público como “broma”, “provocación”, “meme” o discurso religioso-político. En los últimos años, diversos medios han documentado cómo sectores de la ultraderecha, del nacionalismo cristiano y de comunidades masculinistas han retomado planteamientos que cuestionan la autonomía política de las mujeres. The Atlantic publicó en mayo de 2026 un reportaje sobre Douglas Wilson, pastor influyente en círculos cristianos conservadores, quien ha defendido una idea de “voto por hogar”, donde la representación política se concentraría en la figura del jefe de familia.
Esa idea no es menor. El llamado “voto por hogar” parece, en apariencia, una propuesta administrativa o familiar, pero en la práctica implicaría diluir el voto individual de las mujeres, personas jóvenes, personas disidentes, integrantes LGBTIQ+ y cualquier persona cuya voz no coincida con la autoridad patriarcal de la casa. Es decir: no se trata solo de una discusión sobre urnas, sino sobre quién tiene derecho a existir políticamente.
El tema escaló en agosto de 2025 cuando Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, fue criticado por compartir un video relacionado con pastores nacionalistas cristianos que apoyaban revocar el derecho al voto de las mujeres. Tras la polémica, el Pentágono afirmó que Hegseth sí apoya el sufragio femenino, aunque la controversia evidenció la cercanía de figuras de poder con redes religiosas que promueven visiones profundamente patriarcales.
La agencia AP también reportó que Hegseth está vinculado públicamente con la Communion of Reformed Evangelical Churches, una red cristiana conservadora asociada con posiciones patriarcales, nacionalismo cristiano y críticas a los derechos de las mujeres en la vida pública y militar.
Organizaciones y medios especializados han advertido que este tipo de discursos no aparecen de forma aislada. Se conectan con otras ofensivas contra derechos reproductivos, participación política, educación con perspectiva de género, derechos LGBTIQ+ y medidas de supresión del voto que afectan con mayor fuerza a mujeres racializadas, personas pobres, migrantes y comunidades históricamente excluidas. Democracy Docket, medio especializado en democracia y derechos electorales, documentó en abril de 2026 que la consigna contra la Enmienda 19 forma parte de una lista más amplia de deseos de sectores de extrema derecha que buscan restringir el acceso al voto.
La historia también obliga a matizar: la Enmienda 19 fue un avance enorme, pero no garantizó automáticamente el voto para todas las mujeres. Mujeres negras, indígenas, asiáticas, latinas y otras comunidades racializadas enfrentaron durante décadas barreras adicionales como leyes de segregación, pruebas de alfabetización, impuestos al voto y violencia política. PBS recuerda que, aunque en 1920 millones de mujeres quedaron nominalmente habilitadas para votar, la igualdad electoral real siguió siendo negada para muchas mujeres de color hasta mucho después.
Por eso, el regreso de consignas como “derogar la Enmienda 19” no puede leerse solamente como una excentricidad de internet. Es parte de una disputa mayor sobre democracia, género y poder. La misma lógica que busca negar el voto a las mujeres suele acompañarse de discursos contra las personas trans, contra las familias diversas, contra la educación sexual, contra el derecho al aborto y contra la participación pública de quienes desafían el orden patriarcal.
En América Latina, estos discursos deben observarse con especial atención. Las narrativas ultraconservadoras viajan rápido: cruzan fronteras, se traducen, se adaptan a contextos locales y luego se presentan como “defensa de la familia”, “orden natural” o “libertad religiosa”. Sin embargo, detrás de esas frases suele esconderse una intención concreta: reducir derechos, disciplinar cuerpos y expulsar del espacio público a quienes históricamente han luchado por existir con dignidad.
La alerta no es solo para Estados Unidos. Cuando un sector político empieza a debatir si las mujeres deben votar, el mensaje democrático es gravísimo. Significa que derechos conquistados con sangre, cárcel, organización y memoria pueden volver a ser cuestionados si la sociedad baja la guardia.
La defensa del voto femenino no es una causa del pasado. Es una tarea del presente. Y frente al avance de los discursos misóginos, racistas, antiderechos y anti-LGBTIQ+, la respuesta debe ser clara: ningún derecho democrático debe ponerse a consulta del odio.
Visitas: 0