La LXII Legislatura evitó votar la reforma ordenada por la Suprema Corte y anunció nuevas mesas de trabajo, mientras organizaciones conservadoras presionaron con más de 17 mil 900 firmas contra la iniciativa.
Puebla, México.— El Congreso del Estado de Puebla volvió a aplazar la reforma que permitiría a niñas, niños y adolescentes trans acceder al reconocimiento jurídico de su identidad de género mediante la modificación de sus actas de nacimiento.
El 29 de mayo de 2026, fecha señalada públicamente como límite para atender el requerimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Legislativo poblano evitó someter la iniciativa a discusión y votación. En lugar de avanzar con el dictamen, anunció la realización de nuevas mesas de trabajo con organizaciones, familias y sectores que se han manifestado tanto a favor como en contra de la reforma.
La decisión provocó inconformidad entre colectivos defensores de los derechos de las infancias trans, quienes señalaron que las autoridades estatales han recurrido repetidamente a reuniones, consultas y procesos de “socialización” para retrasar el cumplimiento de una resolución judicial.
La Suprema Corte ya reconoció este derecho
La discusión no comenzó en 2026. En la Acción de Inconstitucionalidad 73/2021, la Suprema Corte determinó que el Código Civil de Puebla vulneraba los derechos de niñas, niños y adolescentes al reservar únicamente para las personas mayores de 18 años el procedimiento de rectificación de actas de nacimiento por identidad de género.
El máximo tribunal ordenó al Congreso local modificar la legislación y crear un procedimiento administrativo que proteja el interés superior de la niñez y el derecho a la identidad de género autopercibida.
De acuerdo con los criterios establecidos por la Corte, el procedimiento debe ser ágil, gratuito, confidencial, sencillo y basado en el consentimiento libre e informado de la niña, niño o adolescente. También debe contemplar el acompañamiento de madres, padres, personas tutoras o representantes legales, así como la intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
La resolución también establece que debe existir una vía alternativa cuando quienes ejercen la representación legal se nieguen injustificadamente a acompañar el trámite.
La reforma no contempla cirugías ni tratamientos médicos
Uno de los principales argumentos utilizados para oponerse a la iniciativa ha sido la supuesta aplicación de tratamientos hormonales o procedimientos quirúrgicos en personas menores de edad. Sin embargo, la reforma discutida en Puebla no regula intervenciones médicas.
La propuesta se limita a crear un procedimiento administrativo para corregir el nombre y otros datos de identidad en el acta de nacimiento, con acompañamiento institucional y salvaguardas especiales.
Reconocer jurídicamente la identidad de una infancia trans no implica autorizar una cirugía, un tratamiento hormonal ni una intervención médica. Significa permitir que sus documentos oficiales sean congruentes con su identidad, evitando que tenga que utilizar un nombre o un marcador de género que no le representa.
Esta distinción resulta fundamental frente a una discusión pública marcada por desinformación, prejuicios y discursos que presentan el reconocimiento documental como si fuera una intervención sobre el cuerpo de las infancias.
Grupos conservadores entregaron más de 17 mil firmas
El 14 de mayo, integrantes de organizaciones como Red Familia, CitizenGo y Civilitas acudieron al Congreso de Puebla para entregar más de 17 mil 900 firmas contra las reformas al Código Civil.
Los grupos solicitaron detener el proceso legislativo y convocar a un parlamento abierto antes de cualquier votación. También acusaron a la Suprema Corte de intentar imponer una agenda al Congreso estatal.
En respuesta, colectivos LGBTIQ+ y organizaciones de familias de infancias trans recordaron que los derechos humanos no pueden condicionarse al número de firmas reunidas por un sector de la población ni someterse a consultas en las que una mayoría decida sobre la dignidad y la identidad de una minoría.
Escuchar a la sociedad no significa poner a votación la existencia de las personas trans. El derecho a la identidad, la igualdad y la no discriminación está protegido por la Constitución y no depende de la aceptación de grupos religiosos, partidistas o conservadores.
Mesas de trabajo que se convierten en aplazamientos
El diálogo legislativo puede ser una herramienta necesaria para construir mejores leyes. Sin embargo, cuando las mesas de trabajo se anuncian después de años de omisiones y frente a un mandato concreto de la Suprema Corte, existe el riesgo de que se conviertan en una estrategia para retrasar una decisión políticamente incómoda.
Durante mayo, algunas reuniones con colectivos fueron pospuestas o canceladas. A pesar de los compromisos anunciados por integrantes del Congreso, la reforma no llegó al Pleno para su votación.
El aplazamiento prolonga la situación de desigualdad que enfrentan las infancias y adolescencias trans de Puebla. La falta de documentos acordes con su identidad puede ocasionar exposición pública, discriminación y obstáculos en escuelas, instituciones de salud, trámites administrativos y otros espacios de la vida cotidiana.
Las infancias trans ya existen
Reconocer legalmente a las infancias trans no crea nuevas identidades ni obliga a ninguna persona a modificar sus documentos. La reforma únicamente busca ofrecer una vía segura y administrativa para quienes necesitan ejercer ese derecho.
Las infancias trans existen en Puebla y en todo México. Algunas cuentan con respaldo familiar; otras enfrentan rechazo, violencia o abandono. La obligación de las instituciones no es negar su realidad, sino garantizarles protección, acompañamiento y condiciones para desarrollarse con dignidad.
El Congreso de Puebla tiene frente a sí una responsabilidad jurídica y ética. Continuar retrasando la reforma no elimina a las infancias trans: solamente prolonga la discriminación institucional que enfrentan.
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