El megaproyecto turístico prometido como una experiencia “perfecta” para cruceristas avanza entre cuestionamientos ambientales, debate comunitario y una revisión pendiente de Semarnat. Organizaciones advierten riesgos para manglares, arrecifes, selva costera y la vida cotidiana de Mahahual.
Mahahual, Quintana Roo, 18 mayo de 2026.
Lo que para Royal Caribbean aparece como una postal de vacaciones extremas —toboganes gigantes, piscinas, bares, playas artificiales y una experiencia diseñada para cruceristas— para organizaciones ambientales y habitantes de Mahahual podría convertirse en una fractura irreversible para uno de los territorios más sensibles del Caribe mexicano.
El proyecto “Perfect Day México”, impulsado por la empresa internacional de cruceros Royal Caribbean, se ha colocado en el centro de una nueva disputa entre inversión turística, política ambiental y defensa del territorio. La compañía promueve el complejo como una de sus grandes apuestas para 2027: más de 30 toboganes, seis piscinas, tres playas, 12 espacios de comida y 24 bares, además de atracciones que buscan replicar el modelo de destinos privados de la naviera. En su propio sitio, Royal Caribbean anuncia la apertura para otoño de 2027 y presenta el proyecto como su destino “más grande” y “más audaz”.
Pero detrás de ese lenguaje publicitario aparece una pregunta incómoda: ¿quién paga el costo ecológico de convertir un pueblo costero en parque temático?
De acuerdo con reportes periodísticos, el complejo se proyecta sobre más de 100 hectáreas en Mahahual, con una inversión estimada en 1,000 millones de dólares. Royal Caribbean también tomó control administrativo del puerto Costa Maya, mediante una inversión adicional superior a 221 millones de dólares, lo que refuerza su presencia económica en el sur de Quintana Roo.
La preocupación no es menor. Mahahual no es una ciudad diseñada para recibir oleadas masivas de visitantes. Es una comunidad costera cuya economía, identidad y vida cotidiana están vinculadas al mar, al arrecife, a la pesca, al turismo local y a un entorno natural frágil. Según información retomada por El País, la empresa prevé recibir alrededor de 20,000 visitantes diarios, frente a una población local de poco más de 2,600 habitantes.
Ese contraste resume el fondo del conflicto: un proyecto de escala corporativa aterrizando sobre un territorio pequeño, ecológicamente vulnerable y socialmente dividido.
Organizaciones como Greenpeace México, Salvemos Mahahual y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano —DMAS— han advertido que el megaproyecto podría afectar manglares, selva baja, arrecifes, dunas costeras, aguas subterráneas y especies protegidas. Greenpeace planteó que el caso no debe reducirse a trámites técnicos, sino a una decisión de modelo territorial: si el Caribe mexicano seguirá apostando por el turismo masivo o si protegerá ecosistemas que ya se encuentran bajo presión.
La crítica ambiental apunta a varios frentes. Por un lado, el impacto directo sobre manglares y vegetación costera; por otro, la presión que generaría la llegada masiva de cruceristas sobre agua, residuos, movilidad, playas y arrecifes. El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos retomó señalamientos sobre posibles riesgos al sistema kárstico, el acuífero y especies como el jaguar y la tortuga blanca, además de advertencias sobre una zona con presencia de las cuatro especies de manglar existentes en Quintana Roo.
La polémica escaló el 12 de mayo, cuando Greenpeace desplegó una manta frente al Palacio de Bellas Artes, en Ciudad de México, para exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales una evaluación rigurosa. El mensaje colocó a Semarnat frente a una disyuntiva pública: permitir un parque acuático de alto impacto o frenar una obra cuestionada por sus riesgos ambientales.
Horas después, Semarnat informó que el proyecto continúa en evaluación ambiental y que, hasta ese momento, no cuenta con autorización alguna para su desarrollo, construcción u operación. La dependencia precisó que revisa la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa y que analiza infraestructura proyectada, medidas de mitigación y posibles impactos en ecosistemas costeros y marinos.
Un dato relevante es que Semarnat reconoció haber recibido más de 14,000 opiniones ciudadanas durante la consulta pública, además de información técnica presentada por comunidades, especialistas y organizaciones ambientales. Esa cifra muestra que la discusión ya rebasó el expediente administrativo: Mahahual se convirtió en un asunto nacional sobre el futuro del Caribe mexicano.
El antecedente más grave ocurrió en enero de 2026, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró temporalmente obras vinculadas al proyecto. La medida se tomó tras documentar relleno y compactación de un camino rústico en zona de vegetación costera de selva baja con presencia de manglar, además de trabajos de demolición y manejo de escombros sin autorización ambiental federal. La superficie afectada fue reportada en 17,115 metros cuadrados.
La defensa legal tampoco está cerrada. En mayo, el caso volvió al debate luego de que un tribunal federal desechó por unanimidad una demanda de amparo promovida por DMAS. La resolución no entró al fondo ambiental del asunto, sino que consideró que la demanda fue presentada fuera de plazo. Organizaciones ambientalistas señalaron que continuarán la defensa por otras vías legales.
Royal Caribbean, por su parte, sostiene que el proyecto se desarrolla bajo supervisión de las autoridades mexicanas y que contempla acciones de conservación, restauración y mitigación. La empresa ha planteado que preservará áreas de manglar y selva dentro del polígono del proyecto, además de impulsar programas de protección de vida silvestre, manejo de residuos, tratamiento de aguas residuales y abastecimiento de agua mediante infraestructura propia.
Sin embargo, para las organizaciones ambientales, la promesa de mitigación no responde a la pregunta central: si un ecosistema frágil debe ser intervenido para sostener un modelo turístico de consumo rápido, concentración económica y visitantes de paso.
La presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció sobre el tema al señalar que no puede existir un proyecto que dañe el arrecife de la zona. Su declaración colocó el caso en una dimensión política mayor: la revisión ambiental de Semarnat será una prueba de coherencia para un gobierno que ha prometido desarrollo, pero también protección de ecosistemas estratégicos.
Mahahual se encuentra ahora en una encrucijada. Para un sector local, la inversión representa empleo, infraestructura y una oportunidad para dinamizar una región históricamente rezagada. Para otro sector, el megaproyecto amenaza con transformar la comunidad en una extensión de los cruceros: un territorio subordinado al itinerario de una empresa extranjera.
El debate no es turismo sí o turismo no. La discusión real es qué tipo de turismo, para quién, bajo qué reglas y con qué límites ambientales.
En el Caribe mexicano, los megaproyectos suelen llegar con promesas de empleo y prosperidad. Pero la experiencia en otros puntos de Quintana Roo ha dejado una lección difícil de ignorar: cuando la planeación pública se dobla ante la urgencia de la inversión, los costos aparecen después en forma de playas privatizadas, manglares destruidos, crisis de agua, pérdida de biodiversidad y comunidades desplazadas por la economía turística.
“Perfect Day” se vende como un día perfecto para visitantes. Para Mahahual, la pregunta es si ese día podría convertirse en una larga noche ambiental.
La decisión final de Semarnat no solo definirá el futuro de un parque acuático. También marcará hasta dónde está dispuesto el Estado mexicano a defender sus ecosistemas costeros frente a la presión del turismo global.
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