Toronto / Las Vegas, 13 abril de 2026. El creador canadiense de contenido para adultos Milo Miles denunció que agentes de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos lo sometieron a extensos interrogatorios en el aeropuerto Pearson de Toronto y posteriormente le impusieron una prohibición de ingreso por 10 años. De acuerdo con su testimonio, los agentes centraron parte de sus preguntas en su orientación sexual, su ropa, su medicación PrEP y su trabajo en la industria del entretenimiento para adultos.
Según los reportes publicados en medios anglófonos, Miles viajaba en enero hacia Las Vegas para participar en los GayVN Awards, uno de los eventos más visibles de la industria del entretenimiento para adultos gay. Su relato sostiene que fue retenido primero durante aproximadamente dos horas, perdió su vuelo y, al regresar al día siguiente, volvió a ser marcado para una segunda inspección que se extendió por cerca de seis horas más. 
Miles asegura que durante ese proceso los agentes revisaron su equipaje y sus dispositivos electrónicos, encontraron evidencia de su trabajo como performer y conversaciones con posibles clientes, y lo presionaron para aceptar una interpretación de sus actividades como prostitución o empleo no autorizado en territorio estadounidense. Él sostiene, en cambio, que no existía prueba de intercambio de dinero por actos sexuales y que fue empujado a aceptar una definición impuesta por los oficiales. 
La autoridad fronteriza estadounidense, sin embargo, ha ofrecido una versión distinta. Un portavoz de U.S. Customs and Border Protection (CBP) citado por la prensa afirmó que Miles admitió haber recibido pago por prostitución en Estados Unidos, motivo por el cual se le negó la entrada. La agencia también disputó la duración total del interrogatorio denunciada por el creador canadiense. 
Más allá de la disputa factual, el caso volvió a poner bajo escrutinio el amplio margen legal con el que opera la autoridad migratoria estadounidense. La ley federal de inmigración de EE. UU., en 8 U.S.C. § 1182(a)(2)(D), considera inadmisibles a personas que busquen entrar al país para ejercer prostitución, que hayan participado en ella en los diez años previos o que estén vinculadas con lo que la norma denomina “commercialized vice”. 
También es relevante que CBP sí tiene autoridad para revisar dispositivos electrónicos en frontera o puertos de entrada, una facultad que la propia agencia describe como excepcional pero legal dentro del proceso de inspección migratoria. Ese marco ha sido criticado desde hace años por organizaciones civiles, especialmente cuando se cruza con vigilancia digital, perfiles morales y sesgos contra trabajadores sexuales, migrantes y personas LGBT+. 
Reportes previos ya habían documentado situaciones en las que trabajadores sexuales fueron detectados o marcados en fronteras estadounidenses a partir de su presencia en línea, incluyendo el uso de reconocimiento facial o rastros digitales asociados a contenido para adultos. En ese contexto, la denuncia de Miles reactiva una preocupación de fondo: que la exposición digital, la disidencia sexual y el trabajo sexual sigan siendo utilizados como criterios de sospecha en cruces fronterizos.
Si la versión de Miles es correcta, lo ocurrido no sería solamente un asunto migratorio, sino también un episodio de estigmatización sexual, sesgo institucional y trato degradante. Si la versión oficial prevalece, el caso de todos modos exhibe la dureza de un sistema legal que conserva categorías morales antiguas para decidir quién merece o no cruzar una frontera. En ambos escenarios, la discusión pública ya está abierta.
Lo que este episodio deja claro es que, para muchas personas LGBT+ y para quienes viven del trabajo sexual o de la creación de contenido para adultos, viajar a Estados Unidos puede implicar mucho más que un control rutinario: puede convertirse en un espacio de vigilancia sobre el cuerpo, la sexualidad, la vida privada y la economía personal.
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