El avance del Bill C-9, conocido como Combatting Hate Act, marca uno de los movimientos legislativos más importantes de los últimos meses en Canadá en materia de delitos de odio. El proyecto fue aprobado en tercera lectura por la Cámara de los Comunes el 25 de marzo de 2026 y, al 7 de abril de 2026, su estatus oficial es segunda lectura en el Senado, luego de haber sido presentado allí por primera vez el 26 de marzo.
Aunque no se trata de una ley diseñada exclusivamente para la población LGBTIQ+, su alcance sí resulta profundamente relevante para las comunidades 2SLGBTQI+, especialmente en un contexto donde la homofobia, la transfobia y otras formas de violencia basada en prejuicio continúan siendo una realidad en el país. El propio Departamento de Justicia de Canadá justificó la iniciativa señalando el aumento de la homofobia y la transfobia, junto con otras expresiones de odio, como parte del problema que busca atender esta reforma.
¿Qué propone el Bill C-9?
La iniciativa modifica el Código Penal canadiense para ampliar herramientas legales contra la propaganda de odio, la intimidación y los delitos motivados por prejuicio. En la versión aprobada por la Cámara de los Comunes, el proyecto crea un nuevo delito por promover deliberadamente el odio contra un grupo identificable mediante la exhibición pública de ciertos símbolos; incorpora un delito autónomo cuando cualquier otra infracción esté motivada por odio; y sanciona la intimidación, la obstrucción o la interferencia con el acceso de personas a lugares de culto y a espacios utilizados principalmente por grupos identificables para actividades sociales, culturales, deportivas, educativas o residencias para personas mayores.
En otras palabras, el Estado canadiense intenta ya no limitarse únicamente a castigar expresiones extremas de odio en abstracto, sino también a responder penalmente cuando ese odio se traduce en actos concretos de hostigamiento, intimidación o exclusión contra comunidades específicas. Eso vuelve la discusión especialmente importante para personas trans, no binarias, lesbianas, gays, bisexuales, queer e intersex, que con frecuencia enfrentan violencia no sólo en el espacio digital o discursivo, sino también en el acceso a escuelas, centros comunitarios, servicios y espacios públicos.
La relevancia directa para las comunidades LGBTIQ+
Uno de los puntos más importantes del texto es que el nuevo delito por crimen motivado por odio menciona expresamente factores como la orientación sexual y la identidad o expresión de género. Esto significa que el proyecto no deja en la ambigüedad la protección de estas comunidades, sino que las contempla de manera explícita dentro de la lógica penal de la reforma.
Además, el proyecto prevé penas significativas en los nuevos delitos de intimidación y obstrucción. En el caso de impedir el acceso a ciertos lugares mediante conductas destinadas a provocar miedo, la pena máxima por vía indictable puede llegar hasta 10 años de prisión. Esa severidad refleja que el Parlamento busca enviar una señal política clara: el odio no se tratará sólo como una opinión desagradable, sino también como una conducta que puede traducirse en daño real y en exclusión material de comunidades históricamente vulneradas.
Un proyecto con respaldo, pero también con alertas
Como ocurre con casi toda reforma penal, el avance del Bill C-9 también abrió un debate sobre libertades fundamentales. La Canadian Bar Association (CBA), a través de sus secciones de derecho penal y diversidad sexual y de género, respaldó el objetivo general de fortalecer la respuesta frente al odio, pero advirtió que algunas disposiciones podrían generar consecuencias no deseadas, especialmente para comunidades ya sobre-vigiladas o sobrerrepresentadas en el sistema penal.
Entre sus principales preocupaciones, la CBA señaló que la definición de “odio” incluida en el proyecto puede resultar confusa; que los términos “obstruction” e “interference” son amplios y podrían rozar el derecho a la protesta o a la reunión pacífica si no se delimitan mejor; y que el nuevo delito relacionado con símbolos podría impactar la libertad de expresión si no queda suficientemente claro que sólo debe castigarse la exhibición realizada con el propósito de promover odio.
El propio texto aprobado por la Cámara intenta responder parcialmente a ese debate. Por ejemplo, incluye una aclaración según la cual comunicar una declaración no constituye promoción o incitación al odio solamente porque desacredite, humille, hiera u ofenda. También establece que nada en esas disposiciones debe interpretarse como una prohibición de declaraciones sobre asuntos de interés público —incluidas declaraciones educativas, religiosas, políticas o científicas— siempre que no haya una promoción deliberada del odio contra un grupo identificable.
El contexto no es abstracto: el odio sigue presente
El debate legislativo ocurre en un momento en que Canadá sigue enfrentando cifras preocupantes de violencia basada en prejuicio. Statistics Canada reportó que los delitos de odio dirigidos por orientación sexual bajaron de 889 en 2023 a 658 en 2024, una reducción de 26%, pero aun así se mantienen en niveles altos frente a años anteriores. La disminución no elimina el problema: confirma, más bien, que la violencia anti-LGBTIQ+ sigue siendo una realidad sostenida y no un fenómeno aislado.
Por eso, para las comunidades LGBTIQ+, el Bill C-9 no debe leerse como una reforma ajena ni meramente técnica. Se trata de una propuesta que puede redefinir cómo el Estado canadiense persigue penalmente la violencia motivada por odio, cómo protege el acceso seguro a espacios comunitarios y cómo intenta responder a un clima social en el que la transfobia y la homofobia siguen produciendo miedo, exclusión y daño concreto.
Lo que sigue
Ahora el proyecto deberá continuar su ruta en el Senado, donde aún puede ser debatido, modificado o frenado. Ese proceso será clave, porque ahí se jugará el equilibrio entre dos exigencias democráticas igual de sensibles: por un lado, proteger a comunidades históricamente atacadas por el odio; por otro, evitar que la ley quede redactada de manera tan amplia que termine afectando derechos fundamentales o generando aplicaciones arbitrarias. Al día de hoy, el estatus parlamentario oficial sigue siendo segunda lectura en el Senado.
En un país que suele presentarse como referente de diversidad e inclusión, el avance del Bill C-9 deja una discusión de fondo: no basta con celebrar la pluralidad en el discurso institucional si, al mismo tiempo, las comunidades queer y trans siguen enfrentando violencia, amenazas y barreras concretas. La pregunta no es sólo si Canadá castigará mejor el odio, sino si tendrá la voluntad política de hacerlo sin ambigüedades y sin abandonar a quienes más necesitan protección.
Fuentes
Canadian Bar Association. (2025, November 3). Bill C-9: Combatting Hate Act.
Department of Justice Canada. (2025, September 19). Combatting Hate Act: Proposed legislation to protect communities against hate.
Parliament of Canada. (2026, March 25). Bill C-9: An Act to amend the Criminal Code (hate propaganda, hate crime and access to religious or cultural places), as passed by the House of Commons.
Parliament of Canada. (2026). C-9 (45-1) LEGISinfo.
Statistics Canada. (2026, March 30). Police-reported hate crime in Canada, 2024.
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