OTTAWA / CANADA — 26 de Febrero 2026 En el centro del debate migratorio canadiense está el Bill C-12, conocido como Strengthening Canada’s Immigration System and Borders Act: un paquete legislativo que el gobierno presenta como “seguridad fronteriza” y “protección de la integridad del sistema”, pero que organizaciones civiles, juristas y defensoras de derechos humanos señalan como un giro hacia más discrecionalidad del Estado y menos debido proceso para personas migrantes, refugiadas y estudiantes internacionales.
⸻
¿Qué es el Bill C-12 y en qué punto va?
El Bill C-12 fue impulsado por el gobierno federal como una reforma “integral” que mezcla medidas de seguridad (crimen transnacional, fentanilo, lavado de dinero) con cambios directos al sistema de asilo y a la gestión de permisos y trámites migratorios.
En lo legislativo, ya fue aprobado por la Cámara de los Comunes (diciembre de 2025) y, al cierre de esta nota, se reporta que el Senado se encamina a una tercera lectura, lo que podría dejarlo listo para Royal Assent si no hay enmiendas.
⸻
El “candado” del año: asilo sin audiencia para quien lleve más de 12 meses en Canadá
Uno de los puntos más polémicos es una nueva causal de inelegibilidad: si la persona entró a Canadá después del 24 de junio de 2020 y ya pasó más de un año desde su primera entrada, su solicitud podría no ser enviada a la División de Protección a Refugiados (IRB/RPD). La síntesis legislativa subraya que esto aplicaría incluso a estudiantes y residentes temporales.
En la práctica, el cambio desplaza a muchas personas fuera de la vía “plena” del sistema (audiencia ante un tribunal especializado) y las empuja a una ruta de evaluación administrativa, normalmente vinculada a procesos de remoción y a la Pre-Removal Risk Assessment (PRRA).
Que prende las alertas?
• Reuters reportó que el gobierno planteó negar audiencias a quienes lleven más de un año en Canadá y derivarlos a PRRA; además citó un rezago histórico del sistema de refugio de más de 280,000 casos.
• Reuters también comparó resultados: 30% de PRRA aprobadas (2019, para personas consideradas inelegibles para audiencia) vs 60% de audiencias finalizadas aprobadas por la IRB ese mismo año.
• Medios especializados han difundido que, bajo el diseño de la medida, ~37% de ciertos reclamos recientes podrían quedar fuera del tribunal (cifras atribuidas a declaraciones ministeriales sobre un periodo específico).
⸻
Regla de 14 días y frontera con EE.UU.: otro filtro de inelegibilidad
El Bill C-12 agrega una segunda barrera para reclamos vinculados al cruce terrestre Canadá–EE.UU.: si alguien cruzó entre puertos de entrada y presenta el reclamo después de 14 días, su caso podría no ser referido al tribunal de refugio.
⸻
Retroactividad: un golpe extra a la certeza jurídica
Otro punto clave es el alcance retroactivo. La síntesis legislativa indica que estas nuevas reglas aplicarían a reclamos hechos a partir del 3 de junio de 2025 y “retroactivamente” a esa fecha, independientemente de cuándo reciba Royal Assent.
Para defensoras y especialistas, esto no es un detalle técnico: significa que la “cancha” cambia con el partido ya corriendo.
⸻
“Interés público”: poderes para suspender, frenar o cancelar trámites y permisos (incluidos estudio y trabajo)
Además del asilo, el Bill C-12 amplía facultades del Ejecutivo para:
• detener la recepción de solicitudes,
• suspender o terminar el procesamiento de trámites existentes, y
• cancelar/modificar documentos (visas, permisos de estudio y trabajo, etc.)
si el gobierno lo considera en el “interés público”.
El riesgo para estudiantes internacionales
Aquí aparece la preocupación por la indefensión: organizaciones advierten que el “interés público” es una categoría vaga, con salvaguardas limitadas, que podría habilitar medidas masivas que afecten a grupos completos —incluyendo estudiantes internacionales— y empujar a personas a precariedad migratoria.
Incluso un medio del sector universitario reportó que la ministra de Inmigración defendió la posibilidad de cancelar permisos de estudio “en masa” para combatir fraude, y que el marco permitiría también suspender el procesamiento de nuevas solicitudes.
⸻
Más intercambio de datos: privacidad y seguridad en juego
Críticas adicionales se concentran en el intercambio ampliado de información personal. El Canadian Council for Refugees ha advertido que compartir datos sensibles puede elevar riesgos para seguridad y acceso a derechos, y señala preocupaciones particulares para personas refugiadas y población LGBTQIA+, por la posibilidad de exposición y discriminación.
⸻
Choque de narrativas: “seguridad” vs “derechos”
El gobierno insiste en que la finalidad es proteger fronteras, combatir crimen transnacional, frenar fentanilo y reforzar la integridad del sistema, “resguardando” derechos y privacidad.
Pero la CCLA y otras voces sostienen que varias partes del Bill C-12 (especialmente Partes 5 a 8) recortan garantías: menos acceso a audiencia y apelación, mayor discrecionalidad para suspender/cancelar trámites, y más data-sharing con salvaguardas débiles.
Un elemento político clave: un comité del Senado (SOCI) recomendó eliminar esas partes por el daño potencial al debido proceso; sin embargo, reportes recientes indican que el proyecto avanzó sin enmiendas en instancias posteriores, manteniendo el núcleo migratorio intacto rumbo a votación final.
⸻
Fuentes
• Gobierno de Canadá — página explicativa del Bill C-12 (Understanding…).
• Parlamento de Canadá (LEGISinfo) — estatus y documentación del Bill C-12.
• Library of Parliament — Legislative Summary (PDF) del Bill C-12 (inelegibilidad, 14 días, retroactividad).
• Reuters — reporte sobre negación de audiencias, backlog y comparación PRRA vs audiencias IRB .
• Canadian Civil Liberties Association (CCLA) — postura y reporte sobre recomendaciones del comité del Senado.
Visitas: 31